La Cumbre de Durban (Sudáfrica) por el Cambio Climático ha terminado con buenas noticias para el medio ambiente: se prolongará el actual Protocolo de Kioto y se ha alcanzado el compromiso de crear un nuevo marco legal que permita sustituir a este Protocolo. Ambos logros no hubieran sido posibles sin la intervención y el tesón de la Delegación de la Comisión Europea en Durban, por la Comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.
El Protocolo de Kioto, se firmó en 1997, pero no entró en vigor hasta 2005 tras la ratificación de los países industrializados responsables del 55% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. El Objetivo del Protocolo de Kioto fue establecer una serie compromisos legalmente vinculantes destinados a reducir al menos en un 5% las emisiones globales a la atmósfera de gases de efecto invernadero tomando como referencia el año 1990.
El Protocolo vence a finales de 2012 y la Cumbre de Durban (COP 17) era clave para decidir en torno a este protocolo. En las 2 semanas que ha durado la cumbre, el tesón y la diplomacia de la delegación de la Comisión Europea que asistió a Durban impulsó logros clave para que los países sigan haciendo un esfuerzo colectivo en torno al cambio climático:
- Conseguir que los países aceptaran prolongar el Protocolo de Kioto.
- Conseguir un acuerdo para desarrollar un nuevo marco legal que involucre a todos los países en la lucha contra el cambio climático para el año 2015.
¿Cómo se creará el nuevo marco legal para el esfuerzo colectivo contra el cambio climático?
Se ha creado la Plataforma de Acción de Durban, cuyo cometido principal será el de desarrollar un nuevo protocolo u otro instrumento jurídico que tenga fuerza legal para que sea aplicada por los 196 países que están adheridos a la Convención del Clima. Se deberá adoptar en 2015 y se ejecutará a partir de 2020. Hasta entonces continuará vigente el actual Protocolo de Kioto. La propuesta de la UE incide sobre todo en que el nuevo Protocolo afecte a países desarrollados y emergentes.
Además, en COP-17 se ha acordado:
Acuerdo con los pequeños Estados insulares. Por iniciativa de la UE y de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), se ha acordado poner en marcha un plan de trabajo para estudiar la forma de cerrar la “brecha” que permite a los países emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se deberá fijar el año en el que esas emisiones deberán alcanzar su pico máximo y desde ahí comenzar a disminuir con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2º centígrados. Para los pequeños Estados Insulares el cambio climático es su mayor enemigo. Si la temperatura del planeta sube, la consecuencia inmediata es el aumento del nivel del mar y esos Estados correrían el peligro de desaparecer. Entre los más de cuarenta Estados que pertenecen a la AOSIS están, Fiji, Maldivas, Mauricio, Santo Tomé y Príncipe, Tuvalu, Belice o Barbados.
El nuevo Fondo Verde Climático (GCF) financiará programas en los países en desarrollo para la lucha contra el cambio climático. Este ha sido uno de los temas centrales de la COP 17: el Fondo Verde para el Clima, que se aprobó en la Conferencia de Cancún y que tiene que ponerse en marcha. Su objetivo es la mitigación y la adaptación al cambio climático de los países más pobres. Para la UE su puesta en marcha es prioritaria. En principio podría ser el Banco Mundial el que actuara como administrador interino de los 100.000 millones de dólares anuales necesarios para su funcionamiento. Para empezar, Alemania ha prometido 40 millones y Dinamarca 15 millones.
Nuevos mecanismos y sectores. Se ponen en marcha dos mecanismos que responden a sendas iniciativas de la UE. Uno basado en el mercado que servirá para mejorar la relación coste-eficacia de las acciones que se lleven a cabo para reducir las emisiones. Otro, para examinar las cuestiones relacionadas con el clima para la agricultura.
Fuente: Representación de la Comisión Europa en España.
